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Reportaje:

El lío de la Hacienda vizcaína

El inicio del juicio contra el ex jefe de la Inspección Fiscal desvela el poder de los directores - Ibarra, sin el apoyo del PNV, implica a sus superiores

Los cuatro primeros días del largo juicio contra el ex máximo responsable de vigilar el fraude fiscal en Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, ya han servido para aclarar algunas cosas. Entre ellas, la intención de Ibarra de implicar a sus superiores políticos, conocer más a fondo el funcionamiento del área más temida por cualquier contribuyente, o las dudas sobre las explicaciones del principal acusado de los 337.000 euros de aumento de su patrimonio.

"Sé de que va esto". La primera frase del juicio iniciado el lunes en la Audiencia de Vizcaya da, cuando el presidente del tribunal le preguntaba a ver si conocía los hechos de los que se acusan, da una idea del fuerte carácter de Ibarra, quien ocupó durante 15 años (de febrero de 1989 a febrero de 2004) la máxima responsabilidad de la Inspección Fiscal en Vizcaya. Las acusaciones no son baladí: cinco delitos (prevaricación, falsificación, infidelidad en la custodia de documentos, desobediencia y cohecho), por los que se enfrenta a 11 años de cárcel y una multa de más de 800.000 euros. El banquillo de los acusados tiene a otros tres subordinados suyos -el ex inspector José Luis Silvestre, ya jubilado, el subinspector Joaquín Tebar y la jefa de Documentación Fiscal Valvanera Canal-, con peticiones de ocho años de cárcel por presunta colaboración. La presunta trama es la existencia de un listado de contribuyentes protegidos (casi 170 entre empresas y personas) a los que Ibarra evitaba, según la Fiscalía, las inspecciones.

Su mayor apuro ha sido justificar los 337.000 euros de presunto soborno

Los siete industriales que han declarado niegan trato de favor de Ibarra

Ibarra lo ha negado, pese a la veintena de ejemplos de empresas y contribuyentes citados por la Fiscalía a los que se archivó una inspección y que estaban en el listado protegido, y ha aducido que tenía un fin informativo. Lo que sí ha hecho es implicar a sus superiores (sólo tenía por encima al director de Hacienda y el diputado foral), especialmente a Javier Muguruza, director entre 1999 y 2003. "Fue un pésimo director, un paranoico y un envidioso". El principal imputado ha reiterado que los directores de Hacienda tienen la potestad de incluir y, especialmente, archivar las inspecciones abiertas a contribuyentes. Hasta ahora no ha quedado claro cómo o en qué se fundamentan estas decisiones.

Que a Ibarra no le apoya la actual dirección de Hacienda ni el PNV, del que al menos es simpatizante, ha quedado claro en el juicio. En realidad, se sabía de antes. Desde que fue destituido en febrero de 2004 por la Diputación y ésta atribuyó el escándalo a actuaciones "personales", se ha visto arrinconado en su labor en Hacienda, donde ha permanecido en estos seis años. Pero prácticamente sin hacer nada. "No le mandan trabajo", señalan sus compañeros. Han sido éstos los que sí han mostrado un apoyo a los imputados (han llegado a acudir al juicio cerca de 40), especialmente a los otros tres. En la segunda sesión en la que declararon Silvestre, Tebar y Canal, protagonizaron incluso abucheos y comentarios despectivos contra la fiscal jefe Carmen Adán, mientras interrogaba a los tres imputados. La citación, pedida por el abogado del ex jefe y aceptada por el tribunal, del actual diputado general José Luis Bilbao y su predecesor Josu Bergara puede ser un pequeño aviso del imputado al PNV.

Ibarra, profundo creyente y apasionado de las artes marciales, ha pasado los mayores apuros al tratar de rebatir una de las principales pruebas: el soborno de 337.000 euros del que se le acusa. Se lo dio, dijo, su padre ya fallecido pero en dinero negro que guardaba en un armario. Y que años más tarde se lo devolvió en billetes de 500 euros. Dos operaciones no declaradas a Hacienda por su máximo responsable. El fuerte carácter de Ibarra -soberbia, según algunos- se ha visto en pequeños detalles: además de las descalificaciones a su ex director foral, las calificaciones a inspectores -el ínclito, al referirse a uno- o las respuestas con preguntas a la fiscal jefe.

Los siete empresarios (entre más del medio centenar que deben desfilar aún) que han declarado hasta ahora han negado tratos de favor, incluso en el caso de un amigo desde hace 27 años que nunca le preguntó por qué le habían metido en un plan de inspección. Pero el juicio aún se desarrollará este mes y el próximo -parece que no llegará a marzo al retirarse testigos- y quedan testimonios jugosos como los asesores fiscales y el inspector cuya denuncia motivó el inicio de la investigación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de enero de 2011